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CIUDADANíA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES |
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| La evolución demográfica en los últimos años se presenta como una situación a tener en cuenta para una reflexión sobre los derechos de ciudadanía y la exigibilidad de los derechos de las personas mayores. Las políticas públicas sociales deben atender a estos cambios para su correcto diseño en general y en particular para las de carácter social. Igualmente va a condicionar su desarrollo y va a hacer aparecer nuevas y distintas formas de protección que las que en un primer momento fueron establecidas por los sistemas de protección social clásicos. La evolución demográfica que se está produciendo a nivel mundial y especialmente en los países europeos desemboca en un envejecimiento de la sociedad, que, además, se acelera por el bajo índice de natalidad 2. En esta evolución coinciden dos fenómenos: por una parte, se espera una mayor esperanza de vida, y actualmente se desconocen los límites de ese aumento; y, por otra, el bajo índice de natalidad en los países desarrollo y señaladamente en Europa. El incremento del índice de natalidad casi con toda probabilidad no será suficiente para frenar la aceleración del envejecimiento. Ahora bien, se debe evitar tener al respecto una visión simplificadora y meramente negativa, cuando no estigmatizadora de los mayores. El envejecimiento de los mayores, su mayor esperanza de vida, constituye un éxito de los sistemas públicos de Estado Social de Derecho. Es lo cierto que, como se ha señalado, por primera vez en la historia la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos pueden llevar una vida activa, sana y participativa hasta una edad avanzada. Igualmente, las sociedades en proceso de envejecimiento presentan nuevas oportunidades para las empresas innovadoras a través de una demanda de bienes y servicios nuevos o adaptados 3. Es preciso abordar el impacto del envejecimiento de la población sobre los modelos socialesy el sistema de derechos de los mayores. El reto planteado es amplio, y omnicomprensivo al abarcar: el debate sobre la modernización de los sistemas de Seguridad Social y la prolongación de la vida activa, la Estrategia de Empleo, la estrategia para el empleo sostenible, la política educativa, el método abierto de coordinación en materia de pensiones, asistencia sanitaria, dependencia y cuidados de larga duración, estrategia de lucha contra la exclusión social, estrategia de integración de los jóvenes, así como el avance hacia unas finanzas públicas sostenibles en el contexto de una estrategia de estabilidad y crecimiento responsable. Las necesidades sociales —viejas y nuevas— se disparan y se incrementan ostensiblemente. En cualquier caso, los costes que generará ese envejecimiento no se corresponden solamente a un mayor gasto en pensiones, sino también en lo que respecta al orden sanitario, farmacéutico, de dependencia, de servicios sociales en general, etcétera. Aumentará la necesidad de que el sector público proporcione transferencias y servicios relacionados con la edad.En este contexto, los mayores se convierten en un colectivo vulnerable, dada su posición de debilidad en las diversas esferas de la sociedad. Las tendencias demográficas implicarán un aumento muy significativo del gasto público social en pensiones, sanidad, dependencia y servicios sociales en todos los Estados. Así, en Europa, casi todos los Estados miembros de la Unión Europea han endurecido los requisitos para poder optar a una pensión pública, prestaciones o servicios sociales públicos, especialmente aumentando la edad de jubilación y restringiendo el acceso a regímenes de jubilación anticipada; estableciendo el copago sanitario y farmacéutico; restringiendo el acceso a los servicios sociales y las prestaciones económicas en la situación de dependencia, etcétera. En el caso particular de las pensiones estas reformas, aunque generalmente se introducirán de forma paulatina en un largo periodo, llevarían a un aumento de la tasa de actividad de los trabajadores de más edad, que también podría obtenerse reforzando la relación entre las pensiones y las cotizaciones, aumentando así los incentivos para permanecer en el mercado laboral. Aunque las tasas de empleo de los trabajadores de más edad han aumentado en los últimos años, aún queda mucho margen de mejora. Sólo alrededor del 50% de los cuidados de la UE siguen ocupados a la edad de sesenta años. Con todo, más allá de una opción político-ideológica concreta resulta innegable que el envejecimiento de la población exige la predisposición de medidas de adaptación del sistema de pensiones a las nuevas realidades demográficas. Los sistemas de pensiones no son simplemente un instrumento de ahorro, sino un sistema de aseguramiento contra los riesgos de la vejez, la incapacidad permanente y la muerte. Una sociedad comprometida con la justicia social es aquella que garantiza un estándar de vida digna a las personas mayores, evitando su marginación y su empobrecimiento. |
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