Abuso y límites del poder penal en estados democráticos de derecho

Uno de los graves problemas que actualmente vive la sociedad mexicana tiene que ver con la forma anómala de ejercer el poder penal por los gobernantes, quienes frecuentemente se alejan de los principios fundamentales que dan sustento al Estado democrático de derecho, por los abusos y excesos en que incurren, los cuales repercuten en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados y en detrimento del sistema de justicia penal y del propio Estado de Derecho. Por ello, es importante el análisis de expertos nacionales e internacionales sobre el abuso del poder penal y los límites que deben observarse en Estados democráticos de derecho, ya que pone de manifiesto que en este tipo de Estados el ius puniendi estatal no es absoluto ni se ejerce de manera arbitraria, sino que su ejercicio siempre debe hacerse respetando los derechos humanos y observando los lineamientos constitucionales y de instrumentos internacionales. Por lo tanto, se rechaza que en Estados de Derecho el poder penal se ejerza sin límites, de manera facciosa o por razones políticas, violentando las libertades y otros derechos humanos; es decir, se rechaza que se le utilice como instrumento de persecución política y, por ende, fuera de los cauces legales del Estado de Derecho, porque entonces su ejercicio cae dentro de los límites propios de Estados autoritarios o totalitarios.