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El Derecho del Trabajo y el Derecho Administrativo pueden contribuir de forma conjunta en la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, concretamente, a través de la incorporación de cláusulas con perspectiva de género en la contratación pública. De esta forma, la contratación pública se convierte en una medida de acción positiva con una gran repercusión en el marco social y económico.