El derecho de defensa frente a la digitalización judicial en España y en la Unión Europea

Cambia la sociedad, cambian los consensos. Lo otrora extraño, ahora se acepta. Los derechos de la defensa se atemperan y relativizan porque la Administración de Justicia está saturada y cumplir con las garantías exige calma. También porque la modernidad trae consigo la solución de conflictos colaborativa. Pero las viejas disquisiciones doctrinales en torno al derecho de defensa no se apagan.
La digitalización de la sociedad europea, que ya ha ido penetrando en la cotidianeidad jurisdiccional, influye en elementos tan cruciales como las fuentes y los medios de prueba. Y su plasmación en la Administración de Justicia resuelve algunos problemas, resultando apetecible en la litigación transnacional. Pero crea otros porque es lógico que esta incipiente tendencia no pueda abarcar prospectivamente todas y cada una de las concretas incógnitas que el día a día judicial irá presentando.
Y en medio de todo ello, aparece una Ley del Derecho de Defensa que entre los operadores jurídicos ha pasado algo desapercibida, quizás porque la preocupación está situada en las amenazas que plantea la digitalización y la paulatina creación de un nuevo orden judicial que se asemeja más a una última ratio que a un mecanismo de servicio público.
Esta obra habla de los aspectos tradicionales de la defensa en el proceso. Pero durante este examen, tradición y digitalización se ponen en relación para descubrir si la nueva realidad altera los parámetros de la defensa que hemos aplicado hasta ahora.