El régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común (4.ª edición)

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, desde su aprobación fue objeto de duras críticas prácticamente desde todos los sectores afectados.
Las críticas estaban cargadas de razón, y el legislador coherente con dichas críticas no hizo oídos sordos a las mismas, y prueba de ello fue la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que tuvo meritorios aciertos en determinas cuestiones, si bien en otras el acierto fue menor. Aunque se puede afirmar que fue una modificación importante, por no decir esencial, de la ley inicialmente aprobada. Otras leyes incidieron también en la mejora de la ley 30/1992, junto con la aportación de la doctrina científica y la jurisprudencia.
El estudio de esta materia se aborda analizando cada uno de los preceptos de la Ley 30/1992, con el siguiente criterio: comentario de la norma, apoyados en la doctrina científica y en la jurisprudencia, señalando en su caso los efectos de otras normas dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1992. Además, se ha considerado oportuno recoger en este trabajo aquellas cuestiones reguladas en otras disposiciones legales que hacen referencia al procedimiento administrativo. Así por ejemplo, en el tema de recursos administrativos, además de analizar los regulados en la Ley 30/1992, se analizan otros recursos establecidos en otras leyes. Por ejemplo, el recurso especial en materia de contratación administrativa, el recurso de reposición en materia tributaria local, etc. Otro ejemplo significativo es el relativo al silencio administrativo, que dentro de su articulado analiza el régimen previsto en la Ley 30/1992, pero también el referente a materia urbanística y tributaria.