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El agua es un bien de primera necesidad. Por esta razón es un bien de dominio público, y el acceso de los ciudadanos al agua potable se considera que es un servicio público, lo que implica que la administración es la responsable de garantizar que el agua llegue a todos los domicilios en condiciones de calidad, continuidad y a un precio asequible. En los últimos años ha surgido un intenso debate sobre la mejor forma de organizar la prestación de este servicio, debate en el que se discute cuÔl debe ser el nivel de administración que regule y asuma la prestación del servicio, y qué modo de gestión es el mÔs eficiente