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El derecho de tutela judicial efectiva que reconoce el artÃculo 24 de la Constitución no se reduce a la simple posibilidad de acceder a los Tribunales, sino que se traduce en una sentencia o resolución que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso o reclamación interpuesta. Es decir, a que la resolución o sentencia sea congruente con las pretensiones del reclamante.